Cómo hacerse autónomo sin perder el paro
Estar cobrando la prestación contributiva por desempleo no obliga necesariamente a esperar hasta su agotamiento para iniciar una actividad por cuenta propia. La normativa permite, en determinadas circunstancias, compatibilizar temporalmente el cobro del paro con el inicio de una actividad como autónomo, una alternativa especialmente relevante para quienes quieren emprender sin renunciar de inmediato a una fuente de ingresos.
La posibilidad está sometida a requisitos, exclusiones y plazos muy concretos. Entre ellos destaca uno especialmente importante: la solicitud de compatibilidad debe presentarse en los 15 días siguientes al inicio de la actividad. Una vez transcurrido ese plazo, el derecho a acogerse a esta modalidad se pierde.
Además, compatibilizar la prestación no es la única alternativa. Dependiendo del proyecto, del capital necesario, del tiempo de prestación pendiente y de las previsiones de actividad, puede resultar más conveniente suspender el paro, solicitar su capitalización o analizar las consecuencias que tendría cada opción a medio y largo plazo.
Es posible hacerse autónomo y seguir cobrando el paro
El artículo 33 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, permite a quienes perciben una prestación contributiva por desempleo y han cesado con carácter total y definitivo en su actividad laboral compatibilizar esa prestación con el trabajo por cuenta propia.
La compatibilidad puede mantenerse durante un máximo de 270 días, es decir, nueve meses, o durante el período inferior que reste por percibir de la prestación. Por tanto, los nueve meses no constituyen una nueva prestación. Si al iniciar la actividad quedan, por ejemplo, cinco meses de paro, la compatibilidad podrá alcanzar como máximo esos cinco meses. Durante este período se sigue consumiendo la prestación que ya estaba reconocida.
La medida puede resultar especialmente interesante para un emprendedor que necesita tiempo para conseguir clientes, estabilizar ingresos o alcanzar el punto de equilibrio de su negocio.
Importante: la regla general es la incompatibilidad entre prestación y trabajo por cuenta propia. La compatibilidad de hasta 270 días constituye una excepción sometida a requisitos específicos.
Los 15 días para solicitarla son determinantes
El principal requisito temporal es claro: la compatibilidad debe solicitarse al SEPE dentro de los 15 días siguientes a la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia. El plazo es improrrogable. Si transcurren esos 15 días sin solicitar la compatibilidad, no podrá acogerse posteriormente a esta modalidad.
Desde una perspectiva de planificación empresarial, esto significa que la decisión sobre qué hacer con la prestación debe tomarse antes o simultáneamente al alta como autónomo, y no después de comprobar si el negocio funciona.
Conviene, por tanto, coordinar el alta fiscal, el alta en Seguridad Social y la solicitud ante el SEPE para evitar que un desfase administrativo provoque la pérdida de esta posibilidad.
¿Cuánto se cobra durante la compatibilidad?
Durante el período de compatibilización se puede percibir el 100 % de la cuantía de la prestación contributiva, con la correspondiente retención de IRPF cuando proceda y sin deducción de la cotización a la Seguridad Social. Esta circunstancia puede ser relevante desde el punto de vista financiero.
Un nuevo negocio suele afrontar inicialmente costes de constitución, equipamiento, software, marketing, suministros, asesoramiento, alquileres o adquisición de activos, mientras los ingresos pueden tardar en estabilizarse. Mantener temporalmente la prestación puede proporcionar liquidez durante esa fase inicial.
No obstante, la compatibilidad no incrementa la duración reconocida del paro: se consume la prestación pendiente durante el período en que se cobra simultáneamente con la actividad.
No todos los autónomos pueden acogerse
La compatibilidad tiene exclusiones expresamente previstas por la normativa.
No pueden acogerse, entre otros:
- Quienes hayan tenido como último empleo una actividad por cuenta propia.
- Quienes hayan utilizado esta misma posibilidad de compatibilización durante los 24 meses anteriores.
- Quienes hayan obtenido el pago único de la prestación por desempleo durante los 24 meses anteriores.
- Quienes se incorporen como socios trabajadores de determinadas sociedades o cooperativas ya constituidas en los supuestos excluidos por la normativa.
- Quienes se den de alta como autónomos para incorporarse como socios de una sociedad mercantil.
- Quienes comiencen una actividad como autónomos y formalicen un contrato profesional con el empresario para el que trabajaban inmediatamente antes de quedar en situación legal de desempleo o con una empresa de su mismo grupo.
Esta última exclusión resulta especialmente relevante para profesionales que pasan de una relación laboral a una relación mercantil con su antiguo empleador. No basta con modificar formalmente la relación contractual: la estructura de la operación debe analizarse antes de solicitar la compatibilidad.
También puede aplicarse a determinadas sociedades laborales y cooperativas
La posibilidad no está limitada exclusivamente al autónomo que desarrolla una actividad como empresario individual. La normativa permite aplicar la medida a determinados supuestos de incorporación como socio de una sociedad laboral de nueva creación o socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado de nueva creación, siempre que se cumplan los requisitos y se produzca el correspondiente encuadramiento en el régimen de Seguridad Social que corresponda.
Sin embargo, no debe confundirse esta posibilidad con la incorporación como socio de cualquier sociedad mercantil. Precisamente este último supuesto figura entre las exclusiones de la compatibilidad.
Para un emprendedor que está valorando crear una sociedad, la forma jurídica y el régimen de Seguridad Social aplicable deben analizarse antes de formalizar la operación.
¿Qué ocurre cuando terminan los 270 días?
Una vez alcanzado el máximo de 270 días de compatibilidad, deja de existir la posibilidad de cobrar simultáneamente la prestación y desarrollar la actividad por cuenta propia. Sin embargo, esto no significa necesariamente que desaparezca cualquier prestación pendiente. La alternativa puede ser la suspensión de la prestación, cuando se cumplan los requisitos establecidos legalmente.
La normativa contempla que el trabajo por cuenta propia pueda provocar la suspensión del derecho y que este pueda reanudarse posteriormente cuando finalice la actividad, dentro de determinados límites. Aquí es donde resulta fundamental diferenciar entre compatibilizar y suspender.
Compatibilizar implica cobrar la prestación mientras se desarrolla la actividad y consumir durante ese período los días reconocidos. Suspender significa interrumpir el cobro y conservar el derecho para una eventual reanudación posterior, siempre que se cumplan las condiciones legales.
Si el negocio fracasa, puede recuperarse el paro pendiente
Emprender no garantiza que el proyecto alcance la rentabilidad prevista. Por eso resulta relevante conocer qué ocurre si la actividad finaliza. Actualmente, la prestación suspendida puede reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia haya tenido una duración inferior a determinados límites y se cumplan los requisitos correspondientes.
Si la actividad por cuenta propia ha durado menos de 24 meses, la prestación puede reanudarse aunque no se haya producido el alta como autónomo en alguno de los regímenes de la Seguridad Social.
Si ha durado más de 24 meses y menos de 60 meses, será necesario, con carácter general, haber estado de alta como trabajador por cuenta propia en el RETA o, cuando corresponda, en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
Cuando finalice la actividad, la solicitud de reanudación debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes al cese. Si se solicita en plazo y se cumplen las condiciones, el derecho nace desde el día siguiente al cese. Por ello, abandonar una actividad no significa automáticamente perder el paro que estaba suspendido.
Los 60 meses constituyen un límite especialmente importante
La duración de la actividad autónoma puede determinar que el derecho suspendido se extinga. Con carácter general, si el trabajo por cuenta propia alcanza 60 meses, la prestación suspendida se extingue.
También puede extinguirse cuando la actividad dura entre 24 y 60 meses y no se ha producido el alta en el régimen especial exigido para conservar la posibilidad de reanudación. Por tanto, una prestación suspendida no debe interpretarse como un derecho almacenado indefinidamente.
Desde el punto de vista de planificación financiera, un empresario que abandona temporalmente su empleo para emprender debería conocer desde el principio qué ocurriría con la prestación en distintos escenarios de duración del proyecto.
¿Y si después existe derecho al cese de actividad?
Puede producirse una situación adicional cuando una persona ha desarrollado durante suficiente tiempo una actividad por cuenta propia y, al finalizarla, tiene derecho a la protección por cese de actividad, pero mantiene al mismo tiempo una prestación por desempleo anterior que había quedado suspendida. En ese supuesto puede existir un derecho de opción entre ambas prestaciones.
La decisión tiene consecuencias. Si se opta por una de ellas, las cotizaciones que dieron lugar a la protección no elegida no podrán utilizarse posteriormente para generar otra prestación en los términos previstos por la normativa.
Por eso, cuando confluyen ambas protecciones, no conviene tomar la decisión únicamente atendiendo a la cuantía mensual. También deben analizarse la duración, las cotizaciones acumuladas y las consecuencias futuras de la elección.
Compatibilizar el paro no es lo mismo que capitalizarlo
Otra alternativa para quien quiere emprender es la capitalización de la prestación por desempleo, conocida habitualmente como pago único. La diferencia es sustancial. La compatibilización permite mantener durante un período limitado el cobro mensual de la prestación mientras se desarrolla la actividad. La capitalización, en cambio, permite utilizar la prestación pendiente en las modalidades y condiciones establecidas legalmente para facilitar el inicio de una actividad.
Desde una perspectiva empresarial, la decisión debería relacionarse con el modelo financiero del proyecto. Un negocio que necesita una inversión inicial elevada puede tener mayor interés en analizar la capitalización. En cambio, un profesional que requiere poca inversión pero prevé varios meses hasta alcanzar una facturación estable puede valorar especialmente la compatibilización. No existe una alternativa universalmente mejor.
La planificación debe hacerse antes del alta
Para quien está cobrando el paro y tiene previsto convertirse en autónomo, la cuestión no debería plantearse simplemente como «¿puedo seguir cobrando el paro?».
La decisión correcta exige analizar, como mínimo:
- La duración y cuantía de la prestación pendiente.
- La fecha prevista de inicio de la actividad.
- La inversión inicial necesaria.
- Las previsiones de ingresos y tesorería.
- La forma jurídica del proyecto.
- El régimen de Seguridad Social aplicable.
- La posibilidad de compatibilizar o suspender la prestación.
- La conveniencia de solicitar la capitalización.
- Las exclusiones aplicables a la compatibilidad.
- Las consecuencias de un eventual cese de actividad.
- La posible generación futura del derecho a la prestación por cese de actividad.
Para un CEO, directivo o profesional que está planteándose abandonar un empleo para iniciar un proyecto empresarial, estos aspectos deben integrarse en la planificación financiera y jurídica de la nueva actividad.
La conclusión es clara: no es necesario esperar a terminar el paro para hacerse autónomo, pero tampoco conviene darse de alta sin haber decidido previamente qué hacer con la prestación. La compatibilidad puede proporcionar hasta nueve meses de apoyo económico, pero exige cumplir requisitos concretos y solicitarla dentro de los 15 días siguientes al inicio de la actividad.
En Actium Consulting analizamos cada caso teniendo en cuenta la situación laboral previa, la prestación pendiente, la estructura jurídica prevista y las implicaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social, para ayudar a emprendedores y empresas a tomar la decisión más adecuada antes de iniciar la actividad.
